Unilateralismo con disfraz de legalidad

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Guillermo Norten

Con un manotazo y al amparo de la Constitución de Michoacán, un gobierno agobiado por la inseguridad decide asumir las tareas en la materia en uno de los más importantes municipios del estado: Zitácuaro.

Sorpresiva medida, horas después de que, mediante un operativo interinstitucional, efectivos de la SSPM, Policía Michoacán, Guardia Nacional y Ejército Mexicano asestaran un fuerte golpe a la delincuencia organizada.

Con cuáles credenciales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y su par de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, tomaron esa decisión?

Más de mil homicidios dolosos en los últimos 120 días, no son una tarjeta de buena presentación y la medida genera más de una suspicacia.

En esa demarcación del oriente del estado, al igual que en otros puntos de Michoacán, los delitos de alto impacto repuntaron en los últimos siete meses, no así otros Iliictos como secuestro, extorsión, robo a domicilio, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocios, violación, violencia familiar y feminicidos.

Tras una visita relámpago y fuera de agenda del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac, Ortega Reyes difundió en redes sociales un improvisado comunicado en el que notificaba que el gobierno estatal asumía la seguridad pública en Zitácuaro.

Ningún nombre de los relevos se mencionó, dejando abierta la puerta para la especulación pero también evidenciando que se actuó sin calculo y, mucho menos, una estrategia para emprender las tareas en esta materia.

Cuáles fueron los criterios reales para el manotazo?

Los revelarán Ramírez Bedolla, Torres Piña y Ortega Reyes?

Por el momento prevalece la idea de que hay un trasfondo inconfesable, especialmente cuando una importante cifra de zitacuarenses reconoció el operativo policial que arrojó un saldo de cinco sicarios abatidos.

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