Salvador Hurtado
Cada ciclo gubernamental se amplía en Michoacán y en el resto del país la brecha entre los burócratas y el resto de los trabajadores.
Laborar en el sector público es una aspiración para la mayoría de los habitantes en la entidad, esto por las privilegiadas condiciones laborales que se obtienen, y sobre todo, para los sindicalizados que se creen muy superiores a lo prometido en la porción laboral común; sin embargo, la actitud prepotente y arbitraria de casi todos quienes atienden al público los hace odiosos e indeseables. Ello ocurre en la mayoría de las dependencias y centros de salud que están obligados a dar atención a la gente.
Existe una idea errónea de esos imbéciles del origen de sus honorarios, pues creen que su patrón es el gobierno y no es así, son (es) su jefe, pues el patrón de toda la burocracia incluyendo a los que nos gobiernan desde el presidente, gobernadores, secretarios y de ahí para abajo es la clase trabajadora común, que paga sus impuestos y que se pasa la vida con «el Jesús en la boca» por pagar en no pocas ocasiones injustas tributaciones, algunas inventadas y avaladas por sus dizque representantes populares, como lo fue el asunto del remplacamiento negociado con el gobierno y eso no es de gratis (trámite de los más caros del país por cierto).
Nuestro estado tiene un morrocotudo capital humano entre los buenos funcionarios públicos, pero vive neutralizado —igual que tantas otras virtudes hundidas del país— por la corrupción rampante y la falta de decencia para hacerle frente. Para esos pocos buenos funcionarios el combate a la corrupción equivaldría a un acto de liberación humana, de recuperación de la autoestima, y de oxigenación del desprestigiado sector público de la entidad; pero como está el escenario, es prácticamente imposible.
Un argumento es esto publicado la semana pasada: «Empleados de la Secretaría del Migrante Michoacano (SEMIGRANTE) realizan un cobro indebido de trámites que son gratuitos, advirtió la titular de la dependencia, Brenda Fraga Gutiérrez».
Cuando los funcionarios públicos cobren conciencia de que lo que perciben proviene del erario público, significará un cambio para sus vidas y para el desempeño de la responsabilidad que les ha sido asignada. Cuando ocurra, serán los principales aliados de la clase trabajadora, pues ésta los ve con desconfianza, se les considera incapaces, se les etiqueta de flojos, faltistas, revoltosos -cuando no de inmundos-. Sale contagiado de una chamba, a los ojos de un fuerte sector social, donde para el que “no hacen nada”.
A los funcionarios se les identifica con las caras detrás de las ventanillas, majaderas o indiferentes a extremos de no escuchar lo que se les solicita. Mal se las ve quienes por voraces y ambicioso intentan encontrar otros horizontes, dado que, si el recorte les llega, saldrán al borde de la locura, pues se les agotará su mina de oro y serán delincuentes potenciales y los primeros que deben cuidarse serían los vecinos de los susodichos. ¡Así que cheque al de enfrente o al de al lado!
La imagen que de ellos se tiene es francamente mala. Se les acusa de ineptos, ineficaces, mañosos y hasta de corruptos cuando se les presenta la ocasión. Una imagen injusta para los cumplidos, porque se debe reconocer que muchos de los funcionarios públicos trabajan de manera honesta y competente, además de dedicar mucho más de cuarenta horas semanales a sus tareas oficiales.
A lo largo del tiempo se han conocido a muchos funcionarios públicos de honor, hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio público, sin cometer ningún abuso y con el único afán de cumplir con la tarea asignada de la mejor forma posible. Ellos y ellas también se duelen de la corrupción que no sólo entorpece sus tareas, sino que daña su imagen y, con frecuencia, su autoestima y sus vidas personales.
Estos buenos funcionarios carecen del poder suficiente para corregir las deficiencias que lastiman a las instituciones donde sirven, y es que los amigos por compromisos políticos de los jefes, sin hacer mucho ¡pudren al sistema!
Los experimentados funcionarios de los tres niveles no son una excepción, son miles de personas que han encontrado en la administración pública una vía de realización profesional y un lugar digno para estar entre las clases medias de nuestro hermoso estado. Ellos representan el mayor capital con el que cuentan los regímenes y son, la mejor garantía del funcionamiento cotidiano de las cosas públicas.
Los malos, flojos -pues-, aviadores con cargos sin tener la menor idea de que trata su actividad, los traumados por su origen social, arbitrarios, groseros, altaneros, otros llamados padrotes de la política son muy elocuentes pues basta con verlos caminar o escucharlos hablar y dando órdenes a lo «pendejo» a quienes son verdaderamente capaces, para identificarlos.
No obstante, entre ellos y las élites burocráticas de Michoacán median los mismos abismos que separan a las clases sociales del país aunque digan lo contrario, como el inquilino de Palacio Nacional a las publicaciones. No sólo por las enormes diferencias salariales que los distancian de las altas jerarquías de la burocracia sino porque las prácticas administrativas los someten —salvo muy contadas excepciones— a una suerte de obediencia ciega y muda de la que depende su sobrevivencia laboral.
Para la mayoría, ser escuchados por sus jefes constituye un éxito digno de mención y ser reconocidos por sus contribuciones personales a la ordenación, es un logro extraordinario.
La élite burocrática del actual sistema, habla de “su gente” como si se tratara de su propiedad pisoteando su dignidad. Y en efecto, para llegar a ocupar un puesto público la vía más corta es “pertenecer” a un equipo, ser cuate, amigo, familiar u obtener la recomendación de alguien importante que alguna vez fue adversario político del mero jodón, ahora con el poder de la deslealtad, es más, no existe para esta gente el menor pudor, no les importa el que hayan agraviado al instituto politico que los enriqueció y encumbró. Ahora los muy cínicos se suman a sus iguales dizque paladines de la democracia y protección a los más pobres.
La realidad es que el sistema burocráticonaún no ha logrado liberarse del efecto “Botín” para designar los puestos públicos, ni cuenta con mandatos claros para las oficinas públicas.
Si a todo lo anterior agregamos la ausencia de evaluaciones transparentes y objetivas sobre el cumplimiento del encargo que protegerían a los funcionarios públicos medios de la discrecionalidad política, encontraremos que la única opción de supervivencia laboral que tienen es buscar la simpatía de los jefes, y tratar de conservarla a como dé lugar. Y si, en mala hora, estos jefes se corrompen y abusan de su posición, la común reacción de los subordinados es guardar silencio, darse por no enterados, so riesgo de perder su empleo y enfrentar a todo lo que da, la hostilidad de la política.