Por Marco Aguilar
Una solicitud ante la opacidad oficial.
“Los bienes públicos no son un regalo del poder, sino el resultado de lo que una sociedad exige, vigila y construye.”
En abril de 2025 concluyó la construcción del Nuevo Mercado Municipal de Pátzcuaro. Fue promovido como una obra emblemática para la ciudad, símbolo de renovación y orgullo patrimonial. Pero tres años después de su inicio, no hay certeza sobre cuánto costó en realidad, qué se pagó exactamente, ni cómo se tomaron las decisiones que hoy afectan la vida de comerciantes y habitantes.
Frente a esta falta de transparencia, presenté una solicitud formal de información pública al Gobierno del Estado de Michoacán. El objetivo es conocer el presupuesto total ejercido entre 2022 y 2025, desglosado por año y por cada dependencia participante: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), la Secretaría de Cultura (SECUM), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Turismo y la Coordinación General de Comunicación Social.
La solicitud también exige conocer el gasto en promoción, justificación cultural, eventos institucionales y otros rubros que, aunque no forman parte directa de la obra, han absorbido una cantidad considerable de recursos públicos.
Contrato a precio alzado… con pagos adicionales
La obra fue adjudicada a precio alzado, lo que en teoría implica un monto fijo por todo el proyecto. Sin embargo, se realizaron pagos adicionales a la constructora por conceptos no incluidos originalmente. Esto contradice el principio del contrato y genera opacidad. ¿Qué se pagó extra? ¿Por qué? ¿Con qué justificación técnica?
A la fecha, el proyecto ejecutivo completo no ha sido hecho público, lo que impide evaluar técnicamente la obra: ni planos, ni memoria descriptiva, ni especificaciones constructivas están disponibles para escrutinio ciudadano.
Promoción millonaria, rendición mínima
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad reportó un gasto de más de 20 millones de pesos en promoción y difusión entre 2022 y 2025. A esto se sumarían los gastos realizados este año para la inauguración. ¿A qué se destinó ese dinero? ¿Cuántas campañas, spots, publicaciones o eventos se pagaron con ese presupuesto?
El mercado fue presentado más como una plataforma política que como un proyecto de servicio público. La propaganda sustituyó al diálogo con la comunidad.
A esta promoción excesiva se suman otros conceptos poco claros que elevan el costo de la obra sin justificación transparente: más de 3 millones de pesos en “supervisión externa”, casi 7 millones en “gastos de operación y seguimiento institucional”, y más de 15 millones en “estudios, consultorías y otros conceptos asociados al proyecto”.
En conjunto, estos rubros suman más de 25 millones de pesos adicionales que, al no estar desglosados ni vinculados a entregables verificables, contravienen principios básicos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta opacidad refuerza la urgencia de una auditoría oficial seria, técnica e independiente, que cuente con mecanismos de participación ciudadana conforme al derecho a la información consagrado en el artículo 6º de la Constitución mexicana. Sólo así se podrá recuperar algo de credibilidad en una obra pública que, hasta ahora, ha sido administrada como si fuera un bien privado.
Un sitio cargado de historia intervenido sin consenso
La obra transformó un espacio de alto valor simbólico: la Plaza del Volador y el entorno del Uaxanoti, junto al «acceso» a la Isla de la Pacanda. Esta zona estaba protegida por una suspensión judicial que fue ignorada. Se usó el nombre de la UNESCO sin que exista ninguna declaratoria oficial. Y se modificó de forma irreversible un sitio de memoria comunitaria sin participación de los habitantes.
¿Obra pública o fracaso anunciado?
La pregunta de fondo no es sólo cuánto costó, sino si la obra traerá beneficios reales para Pátzcuaro. ¿Mejorará las condiciones de los comerciantes? ¿Fortalecerá la economía local? ¿Ordenará la movilidad urbana? ¿Respetará la identidad del centro histórico?
Mucho indica que no. El mercado presenta deficiencias funcionales, no cuenta con estacionamiento, ha generado conflictos de movilidad y no ha demostrado aún que el gasto público invertido se traduzca en bienestar común.
Peor aún, no sabemos con certeza qué se pagó, cuánto se modificó el proyecto original ni qué dependencias participaron realmente. Sin esa información, no hay posibilidad de evaluar, de aprender, ni de exigir cuentas.
Este artículo no busca descalificar la idea de un nuevo mercado. Lo que se cuestiona es la forma en que se impuso, la opacidad en su gestión y el uso político del proyecto. Los bienes públicos no deben recibirse con fe ciega. Son, en esencia, producto del esfuerzo colectivo. Por eso exigimos respuestas.