Horacio Erik Avilés Martínez*
En Michoacán hay niñas y niños que, contra viento y marea tienen aula, pizarrón y mochila, pero no un maestro. Es una omisión sostenida. El artículo 3º constitucional obliga al Estado a garantizar educación a todas y todos, y garantizar significa que cada grupo tenga un docente frente a él desde el primer día y todos los días del ciclo. Cuando un grupo pasa semanas o años sin maestro, se viola un derecho humano, se incumple la Constitución y se vacía de contenido la palabra “rectoría”, que impulsamos desde Mexicanos Primero Michoacán y hoy está en el texto constitucional pero no se cumple en las aulas.
La falta de docentes no nació en este sexenio. Michoacán arrastra décadas de plazas congeladas, jubilaciones sin reposición, conflictos magisteriales que paralizaron la gestión y nóminas inflamadas por comisiones y aviadores. En 2023, una primaria de Teremendo llevaba más de dos años con un solo maestro para seis grupos, y la CNTE calculaba entonces un déficit de 650 docentes. Cambian los nombres de los funcionarios; el déficit permanece.
Faltan maestros por muchas razones, podemos citar algunos ejemplos, comenzando por las jubilaciones sin previsión. Antes del cierre del ciclo pasado se presentaron 1,700 solicitudes de jubilación, mientras las normales del estado egresan, en el mejor de los años, 1,080 docentes. La cuenta es elemental: quien sabía que habría esas vacantes tuvo meses para planear, y no lo hizo.
Gravitan las perversas plazas semiautomáticas. Es la trampa que denunciamos desde 2014 y que sobrevive en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Cuando los egresados son afines, se hace un concurso de ingreso a modo, para exactamente el número de egresados de las normales públicas: quien ponga su nombre en el examen queda dentro, y eso equivale a plaza automática. Cuando son adversarios, se les ofrece contrato temporal que luego no se paga, o ni siquiera se otorga. Es un método discrecional, clientelar y opaco, que enmascara la corrupción del tráfico de plazas y la existencia de aviadores intocables.
Incide también el cierre de grupos y la relación alumno-maestro. Se aplica una norma pensada para otra época demográfica. Cuando se jubila o se mueve un docente, el grupo se funde con otro y la plaza desaparece, aunque quede un niño sin servicio. Es injustificable dejar sin educación a un solo niño.
Así también, pesa la mala distribución de docentes, muchas por razones justificadas, como la violencia, la extorsión, la lejanía o la miseria. Por ello, hay comunidades a las que nadie quiere ir y zonas cotizadas donde se paga por quedarse, lo que alimenta un mercado de reubicaciones.
Una de las razones más perversas es el aviadurismo, que comisiona a trabajadores que cobran en una escuela y están en una oficina, apoyos a dirección o recibiendo “favores” que sacan a un docente del aula. Cada uno es un salario que no está frente a un grupo. Nadie sabe cuántos son, porque la autoridad no lo reconoce.
La natalidad y el tamaño de la matrícula también son factores que influyen, son variables reales y deben de discutirse con honestidad. Michoacán ha perdido alumnos, pero el número de escuelas pasó de 12,795 a 12,894 y la planta docente de 83,493 a 83,539 mientras la matrícula bajaba. Tener menos niños no explica por qué hay grupos sin maestro; explica, si acaso, que los maestros están mal distribuidos.
En Mexicanos Primero Michoacán tenemos detectados decenas de casos concretos, del 31 de agosto a la fecha, en municipios como Peribán, Morelia, Uruapan, Tiquicheo, Zacapu, Los Reyes, La Huacana, Nueva Italia y Coalcomán, Tarímbaro, Venustiano Carranza y varios más, en donde hay grupos enteros para quienes el ciclo escolar 2026-2027 simple y llanamente aún no ha comenzado. ¿Y así se atreverán a seguir llamándole al actual ciclo escolar “completo”?
Cada día sin maestro es aprendizaje que no se recupera solo. El niño de primer año que no aprende a leer a tiempo arrastra ese rezago hasta la secundaria. Donde faltan maestros se juntan grupos y se mezclan edades y grados en una sola aula, mientras que, los estudiantes con discapacidad son los primeros en quedar sin atención. La familia con recursos contrata clases particulares; la que no, espera. Es desigualdad educativa producida por omisión. Y empuja a las familias hacia la escuela privada o fuera del sistema, de modo que la escuela pública pierde matrícula y, con ella, el pretexto para cerrar más grupos.
La falta de maestros también castiga a quienes sí están. Educadoras que atienden dos o tres grados a la vez, directoras con grupo que además entregan trámites administrativos, maestros que improvisan clases de educación física o artes sin formación. A eso se suma la incertidumbre de los jóvenes normalistas, formados con esfuerzo y condenados a una espera sin fecha.
Sabemos que hay vacantes por jubilación, escuelas con plantilla incompleta y egresados esperando plaza. Sabemos que la ley no obliga a contratar al cien por ciento de los egresados, pero sí obliga a garantizar el servicio educativo, y ese argumento solo es válido si las vacantes están cubiertas, cosa que no ocurre. Lo que no sabemos es cuántas escuelas operan hoy con grupos sin maestro, cuántas plazas están ocupadas por aviadores o cómo se decide cuáles espacios se ofertan. Esa ignorancia no es casual, sino perpetrada por la opacidad que genera la autoridad al respecto.
Lo que dicen las personas
En redes sociales hemos recibido cientos de comentarios y mensajes que dibujan un mapa nítido de la inconformidad. Los sistematizo en cinco ideas:
1. Hay vacantes que la autoridad niega. Docentes y madres de familia describen jubilaciones sin cubrir desde 2022 y centros de trabajo sin personal pese a solicitudes reiteradas.
2. Plazas con dueño. Muchos señalan venta, negociación política y acuerdos sindicales como destino de los mejores espacios. No hay prueba pública de ello, pero la insistencia es tan generalizada que, por sí sola, exige una auditoría.
3. Aviadores y comisionados. Se afirma que cada zona escolar tiene docentes cobrando fuera del aula, y que eliminarlos liberaría presupuesto para contratar donde hace falta.
4. Cierres, fusiones y sobrecarga. Se cierran grupos por baja matrícula y se transfieren escuelas a CONAFE, como si ocho alumnos no tuvieran derecho a escuela, mientras docentes y directoras cargan con varios grados y trámites.
5. El contrapunto. Algunos recuerdan que cae la natalidad y que ninguna carrera tiene empleo garantizado. Tienen razón en lo primero, y por eso el problema no es solo cuántos maestros hay sino dónde están. Otros comentarios, hostiles hacia los normalistas, no aportan datos y solo confirman cuánto se ha polarizado el debate por la omisión de autoridad.
En suma, Michoacán no padece una falta de maestros en abstracto: padece un problema de gestión, transparencia y voluntad. Hay jubilaciones previsibles que no se previeron, concursos a modo que no se corrigen y datos que no se publican.
Por lo anterior, la autoridad debe a la brevedad de publicar un padrón abierto de plantillas por escuela y por plaza, con adscripción real y verificación en campo. El SIGED es insuficiente. Tiene que levantarse cuanto antes también una auditoría independiente de nómina, educativa, con la Auditoría Superior de Michoacán y acompañamiento de la sociedad civil, para localizar comisionados y aviadores y regresar esos salarios al aula.
Debe haber también, un programa de reposición anticipada: toda jubilación solicitada debe tener sustituto asignado antes de que surta efecto. Así también, debe de realizarse una revisión de la relación alumno-maestro en escuelas rurales, indígenas y de baja matrícula, con una garantía mínima por escuela. Es urgente que exista un concurso de ingreso al servicio profesional docente que sea realmente abierto y verificable, sin plazas semiautomáticas ni exámenes a modo, con resultados públicos y testigos en cada etapa del proceso, con seguimiento a las cohortes de contratados. Finalmente, debe de existir un registro diario de escuelas, grupos y estudiantes sin maestro, con causa, duración y medida correctiva, y plazo máximo de 15 días para cubrir cualquier irregularidad, so pena de incurrir en responsabilidades de ley.
Por lo anterior, los llamados y exigencias son claras: a los funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán: dejar de decir que no faltan maestros y publicar, en 15 días, el padrón completo de plantillas y vacantes, retirando la consigna de “ciclo completo” mientras exista un solo grupo sin docente y explicar por qué su informe reconoce un déficit que su secretaría niega; así como transparentar los criterios de ingreso, aclarar si fueron 550 o 555 plazas y decir quién decide qué espacios se ofertan.
Así también, las autoridades en materia de control y fiscalización deben de investigar las 900 denuncias preexistentes por falta de trabajadores de la educación y publicar resultados.
El Congreso del Estado debe de citar a comparecer a todos los funcionarios responsables de la problemática, de las omisiones y de actos presuntamente constitutivos de faltas administrativas y delitos a que haya lugar.
Finalmente: madres, padres, normalistas y docentes: hay que documentar cada grupo sin maestro, soliciten información por transparencia y exijan, lo que la Constitución ya ordena. Los medios de comunicación deben de seguir documentando.
Es categórico: todas las escuelas y todos los estudiantes deben tener los maestros que les corresponden. Es un mandato constitucional. Mientras no se cumpla, seguirá habiendo niñas y niños en Michoacán a quienes el Estado les falla. Las consecuencias aparecen en las estadísticas de violencia, de inseguridad, de trabajo infantil, de migración y, lamentablemente, en el obituario. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.