Marco Aguilar
En un espacio de radio financiado con recursos públicos, el alcalde de Pátzcuaro abordó la reciente declaración desierta de la Presea Gertrudis Bocanegra. Antes de emitir su postura, aclaró que lo haría “a título personal”. La frase, lejos de ser un matiz menor, revela una tensión de fondo: la confusión —o evasión— entre la responsabilidad institucional y la opinión individual.
No es un detalle inofensivo. Cuando se ejerce un cargo público y se utiliza un medio pagado con recursos de la ciudadanía, no existe una frontera real entre lo personal y lo institucional. La palabra del alcalde, en ese contexto, no puede desprenderse de su investidura. Intentarlo no es prudencia: es una forma de diluir la responsabilidad.
La situación se vuelve más delicada al reconocer que no estuvo presente en la sesión de Cabildo donde se tomó la decisión. Desde esa ausencia, emitir juicios no sólo resulta inconsistente: debilita la legitimidad de su propia postura. Se configura así una forma de intervención sin responsabilidad directa: no se participa en la decisión, pero se influye en su interpretación pública.
Aún más, al sugerir que la presea “debió haberse otorgado” a una de las personas propuestas, se introduce una valoración subjetiva que deslegitima el proceso sin ofrecer criterios claros ni fundamentos institucionales. La opinión sustituye al argumento; la impresión, a la responsabilidad.
Pero el punto más crítico aparece cuando se desplaza la carga hacia la sociedad, atribuyendo la falta de participación ciudadana como causa del problema. Esta lectura invierte el orden de los hechos. La participación no surge por inercia: depende de la confianza. Y la confianza no se exige, se construye.
Cuando los procesos públicos se perciben opacos, inconsistentes o poco claros, la ciudadanía no se retira por desinterés, sino por escepticismo. No es apatía: es una forma de distancia crítica. En ese contexto, responsabilizar a la sociedad no sólo resulta impreciso, sino que evita atender el origen del problema.
Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un síntoma. Un síntoma de debilitamiento institucional, donde las decisiones carecen de claridad, las explicaciones de sustento y la comunicación de responsabilidad. Así, el vínculo entre gobierno y ciudadanía se erosiona no por ausencia social, sino por insuficiencia pública.
La comunicación gubernamental no puede ser un espacio para opiniones personales enmascaradas de institucionalidad. Debe ser un ejercicio de claridad, responsabilidad y rendición de cuentas. Lo contrario no sólo confunde: erosiona.
Y cuando la confianza se erosiona, lo que queda no es silencio ciudadano, sino un vacío de legitimidad.