Por Marco Aguilar
La transparencia no es un gesto. Es una obligación.
En Pátzcuaro, esa obligación se pone a prueba cuando la ciudadanía ejerce su derecho a preguntar y no obtiene respuesta. En los últimos doce meses, diversas solicitudes formales dirigidas al presidente municipal -presentadas por oficio y sobre temas de interés público- no han recibido contestación por escrito, como lo establece el artículo 8 de la Constitución.
No se trata de un caso aislado ni de un tema menor.
Las peticiones abarcan asuntos relevantes: el nuevo mercado, intervenciones en plazas públicas, uso de espacios para eventos privados y el contenido de programas que deberían ser de conocimiento general. En todos ellos, la solicitud es la misma: claridad, información y rendición de cuentas.
El silencio también comunica.
Cuando la autoridad no responde, no sólo incumple un mandato legal; rompe un principio básico de la vida pública: el acceso a la información. Sin respuesta, no hay diálogo. Sin información, no hay evaluación. Y sin evaluación, la confianza se debilita.
A esto se suma una constante: la información que sí se difunde suele centrarse en eventos y resultados anunciados, pero no en procesos, criterios o decisiones. Lo visible es la acción; lo ausente, la explicación.
El efecto es claro: la gestión pública se vuelve opaca no por falta de actividad, sino por falta de apertura.
La transparencia no se agota en publicar. Implica responder, documentar y sostener un intercambio verificable con la ciudadanía. Implica que las decisiones puedan ser entendidas, no sólo mostradas.
Cuando el derecho de petición no se atiende, la ley deja de ser referencia y se convierte en omisión.
Y cuando la información se administra como si fuera concesión, lo público pierde su carácter.
La transparencia no es opcional.
Es una obligación legal y una condición mínima de legitimidad.