Marco Aguilar
«Prometieron desarrollo y entregaron ruinas funcionales. Lo que debió ser un espacio digno para la vida económica y social de Pátzcuaro, se convirtió en un monumento a la negligencia pública».
1. Introducción: un mercado para tapar el mercado
La inauguración del nuevo mercado municipal de Pátzcuaro fue anunciada como un acto de progreso. Sin embargo, lo que debió significar una mejora en las condiciones de comercio y orden urbano, se ha revelado como una obra fallida, donde el sentido común, la legalidad y la planeación brillan por su ausencia. El mercado no sólo reproduce viejos vicios: los institucionaliza en concreto, acero y filtraciones. Este artículo ofrece un diagnóstico integral de la obra, sus actores responsables y las graves omisiones que la rodean.
2. Proyecto fallido desde el origen
Desde su concepción, el proyecto careció de una metodología participativa. Las decisiones se tomaron desde el escritorio, sin procesos reales de consulta con los comerciantes ni estudios serios de impacto social, urbano o económico. Se privilegió el anuncio político sobre el trabajo técnico. El modelo de mercado impuesto no responde a las necesidades del contexto local, ignora las rutas de acceso y movilidad, y contradice incluso los principios básicos de funcionamiento de los mercados municipales.
Un elemento clave es la inexistencia de un Reglamento de Construcción Municipal en Pátzcuaro. En el permiso de construcción se alude a un reglamento estatal que, de hecho, tampoco existe formalmente. Esta ambigüedad normativa genera un terreno fértil para la discrecionalidad y la ausencia de control técnico riguroso. Tampoco se han hecho públicos los dictámenes técnicos ni los proyectos ejecutivos, lo que impide evaluar a profundidad la legalidad del procedimiento. Lo que debió ser un proceso de reconstrucción con memoria y prospectiva, se convirtió en un acto autoritario de imposición técnica.
3. La obra construida: deficiencias visibles e irregularidades estructurales
El nuevo mercado de Pátzcuaro no resiste ni la mirada más superficial: su diseño funcional y constructivo es deficiente. Lo que se planeó, en su momento, ya distaba de cumplir con las normativas y de responder a las necesidades reales de los comerciantes; pero lo que finalmente se construyó ha resultado aún peor. Sin fiscalización ni revisión técnica adecuada, desde su apertura el inmueble exhibe con crudeza las carencias de una obra inconclusa, de baja calidad, donde imperó la lógica del contrato económico sobre el compromiso ético de cumplir con lo prometido. Una obra, en ambos sentidos —proyecto y ejecución—, reprobada.
Cualquier auditoría externa e independiente, mínimamente seria, bastaría para desmantelar esta fachada y evidenciar irregularidades de fondo, con posibles consecuencias legales de gran calado.
A pesar de todo, el edificio está sobreocupado. Se han asignado puestos en pasillos, rincones y espacios improvisados. Los comerciantes, esperanzados, aceptaron lo que se les dio. Lo que quieren —como siempre— es trabajar, progresar. Muchos han preferido no mirar hacia arriba ni hacia atrás; no quieren ver que han sido víctimas del mismo poder que les entregó esta obra fallida. A ese poder, paradójicamente, algunos aún le agradecen, como si se tratara de un mesías benefactor.
La realidad, sin embargo, es otra: escasez de agua potable, fugas de drenaje, fallos estructurales, filtraciones entre niveles, goteras desde las primeras lluvias, fallas en los elevadores, falta de ventilación y más. La obra aún no ha sido entregada formalmente por la constructora. Y el gobierno municipal, lejos de actuar, se escuda: “la arquitecta no nos lo permite”, refiriéndose a la titular de la SEDUM. Un mar de problemas aún sin resolver, que amenaza con volverse tormenta.
4. La cadena de responsabilidades: del contratismo a la negligencia institucional
La SEDUM, bajo la dirección de la arquitecta Gladys Butanda Macías, fue la responsable directa del proyecto. La opacidad con la que se ejecutó la obra impidió la fiscalización ciudadana y paralizó la intervención del gobierno municipal, convertido en espectador. No hubo concurso público claro ni vigilancia institucional efectiva. La figura de la secretaria se sobrepuso incluso a las facultades del municipio, impidiendo cualquier acción correctiva y blindando un proceso constructivo cuyos detalles aún se desconocen por completo.
No se conocen los planos ni especificaciones técnicas, ni las instrucciones o lineamientos internos dados por la SEDUM a la empresa. Tampoco se tiene claridad sobre la participación de subcontratistas o sobre quién determinó los criterios materiales. Aun así, el resultado sugiere errores graves de ejecución y falta de control. Este modelo de contratismo tecnocrático favorece la discrecionalidad, el control vertical y la ausencia de consecuencias legales. En el fondo, se reproduce la vieja alianza entre poder político y capital privado, pero ahora con nuevos lenguajes y rostros.
5. Víctimas sin voz: los comerciantes entre el abandono y la esperanza
Mientras las autoridades celebraban la inauguración, los comerciantes vivían el traslado como una obligación impuesta, sin claridad sobre su nuevo espacio, sin garantías de funcionamiento, sin reglas de operación conocidas. Muchos siguen sin saber cuándo les tocará un lugar definitivo. Otros han sido reubicados en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos.
El nuevo mercado se convirtió en una trampa: sin plan de movilidad, sin estacionamiento funcional, sin entorno urbano adecuado, con zonas peligrosas y sin protección civil. Las calles de acceso han sido pavimentadas con concreto hidráulico, en un entorno que carece aún de una integración digna al tejido urbano. Los comerciantes, a pesar de todo, resisten: trabajan con lo poco que tienen, aferrados a una esperanza que el Estado utiliza como coartada.
6. Implicaciones legales y necesidad de auditoría ciudadana
La obra presenta posibles violaciones a:
Principios generales de contratación pública.
Normas técnicas de diseño estructural y funcional.
Requisitos mínimos de salubridad, seguridad y accesibilidad.
Principios constitucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas.
Ante la falta de transparencia, se hace urgente:
Una auditoría técnica y financiera externa e independiente.
La publicación de todos los contratos, planos, convenios y anexos.
El establecimiento de un comité ciudadano de vigilancia.
La aplicación de sanciones a responsables públicos y privados, si se acreditan incumplimientos o negligencia.
7. Conclusión: un mercado sin justicia
El nuevo mercado de Pátzcuaro no representa una victoria del urbanismo ni del desarrollo social. Representa, más bien, una continuidad de los errores del pasado, con nuevas formas de simulación. Las calles de concreto llevan ahora a un edificio roto, donde se cruzan la esperanza popular y el desdén institucional.
No se trata de destruir el mercado, sino de reconstruir la justicia. De hacer valer la voz de quienes trabajan ahí todos los días. De romper la lógica de la imposición tecnocrática. De devolverle a Pátzcuaro un espacio que sea realmente suyo.
La historia del mercado aún no termina. Pero será nuestra responsabilidad colectiva evitar que sea una más de ruina disfrazada de obra pública.