Marco Aguilar
«No hay libertad de prensa cuando el silencio también se paga».
Ayer, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente municipal de Pátzcuaro publicó un mensaje de reconocimiento a periodistas “amigos y aliados”, con quienes -dice- ha construido una relación de respeto, confianza y cercanía.
La frase no es menor.
Porque ahí, en esa aparente cortesía, se revela el problema de fondo.
La libertad de prensa no se construye con aliados.
Se sostiene con contrapesos.
Cuando el poder habla de amistad con la prensa, lo que en realidad está describiendo -aunque no lo diga- es un sistema de afinidades. Y en un sistema así, la información deja de ser un derecho público para convertirse en un bien administrado.
En Pátzcuaro, como en muchos otros municipios del país, la relación entre gobierno y medios no es transparente ni equitativa: es selectiva. A través de contratos anuales de comunicación social, se configura un ecosistema donde ciertos medios reciben recursos, acceso e información… mientras otros son ignorados, limitados o directamente excluidos.
El resultado es visible.
Una buena parte de los contenidos que circulan en medios locales no son producto de investigación ni contraste, sino reproducción casi literal de boletines oficiales. Mismas fotografías. Mismos encabezados. Mismo discurso.
No hay preguntas.
No hay contexto.
No hay crítica.
Eso no es periodismo.
Es difusión institucional.
Y cuando esa difusión se financia con recursos públicos sin criterios claros, sin transparencia y sin rendición de cuentas, el problema deja de ser ético para convertirse en legal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6° y 7°, garantiza el derecho a la información y la libertad de expresión, prohibiendo cualquier forma de censura previa. Por su parte, la Ley General de Comunicación Social establece que la publicidad oficial debe asignarse bajo criterios objetivos, evitando su uso como mecanismo de presión, premio o castigo.
Sin embargo, cuando los contratos se concentran en medios afines, cuando el acceso a la información depende de la cercanía política, y cuando la crítica se responde con descalificación o exclusión, lo que se configura no es una prensa libre, sino una prensa condicionada.
Una prensa que sabe que cuestionar tiene costo.
Y que callar, en cambio, tiene recompensa.
No hace falta cerrar medios para controlar la narrativa.
Basta con administrar el acceso, dosificar los recursos y señalar a quienes incomodan.
Esa es la forma moderna de censura: no prohíbe, pero ahoga.
No persigue abiertamente, pero margina.
No calla con violencia, pero sí con presupuesto.
Y en ese contexto, el mensaje del alcalde no es un reconocimiento a la libertad de prensa.
Es la confirmación de un modelo.
Un modelo donde el poder no tolera la crítica, la desacredita.
Donde la información no se abre, se filtra.
Donde la prensa no investiga, replica.
Y donde la ciudadanía, al final, recibe una versión parcial, incompleta y cuidadosamente administrada de la realidad.
Porque cuando la prensa deja de incomodar al poder, deja también de servir a la sociedad.
La libertad de expresión no se mide por los mensajes oficiales en días conmemorativos.
Se mide por la capacidad real de disentir sin consecuencias.
Y en Pátzcuaro, hoy por hoy, disentir sigue teniendo costo.
La pregunta no es si existe prensa.
La pregunta es si existe libertad.