Hace una semana, en Sinaloa, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una ofensiva diplomática y de inteligencia, advirtiendo que el gobierno de su país intensificaría las acciones contra políticos mexicanos y funcionarios de alto nivel presuntamente vinculados con el crimen organizado. Dicha estrategia incluiría la presentación de acusaciones formales, en cortes federales de EU, en contra de liderazgos políticos mexicanos, pues la revocación de visas a más de 50 políticos de nuestra nación -vinculados al narco- no fue suficiente para que el gobierno mexicano entendiera el mensaje y actuara en consecuencia, investigando y castigando a sus corruptos funcionarios, para intentar evitar la intromisión injerencista extranjera.
El ultimátum del Embajador norteamericano indicaba que la ofensiva se centraría en funcionarios actuales y ex funcionarios, principalmente del partido en el poder (Morena), incluyendo miembros del gabinete, Senadores, Diputados y al menos cinco o seis gobernadores, imputándoles nexos con el crimen organizado. Pues, aclaró el Embajador, la corrupción gubernamental frena la inversión y la estabilidad financiera.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue en dos sentidos: discurso y acción. Con retórica afirmó que su gobierno combate la corrupción y no encubriría a nadie, exigiendo al gobierno norteamericano presentara evidencias claras de sus acusaciones.
La argumentación demagógica de la presidenta se hizo acompañar de un aparatoso espectáculo mediático, con la obligada aprehensión (bajo la coacción de Trump) de otro capo mexicano: el michoacano Audias “N”, conocido con el mote de “El Jardinero”, individuo de alto rango en una de las organizaciones delictivas de mayor predominio en el país, a quien se atribuía ser uno de los sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, en el mando de la poderosa agrupación criminal.
Ese intento de simular combatir a las organizaciones criminales no convenció a la Casa Blanca (cuyo Embajador fue, o es, miembro de la CIA, en el área de inteligencia), pero la reacción norteamericana sí fue convincente para los mexicanos, y doña Claudia a estas alturas ya debe saber que los gringos cumplen lo que prometen.
La detención del capo nativo de Huetamo pasó a segundo plano, opacada por un verdadero escándalo internacional -que a nadie en nuestro país sorprendió-, aunque sí ha preocupado a los vividores del régimen, particularmente a los dependientes económicos de los políticos, funcionarios y ex mandatarios, que podrían estar en la lista del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica como colaboradores y facilitadores de las operaciones de organizaciones consideradas terroristas.
Dicho directorio de la corrupción y vergüenza patria, desde un inicio ha estado encabezado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernador de Baja California; Adán Augusto López, Senador de la República; Alfonso Durazo, ex gobernador de Sonora; Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas; María Elena Ermelinda Lezama, gobernadora de Quintana Roo; Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO (presuntamente amigo de los “chapitos”; Ricardo Monreal Ávila, diputado federal; Gerardo Fernández Noroña, diputado federal; Arturo Ávila, diputado federal y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.
Aunque la lista no es limitativa, pues en ella faltaría la gobernadora de Guerrero y su señor padre, el Senador Félix Salgado Macedonio, los involucrados en el contrabando de hidrocarburo, entre muchos otros, que han acusado a sus críticos de “traición a la patria”, cuando la omisión, complicidad y colusión del gobierno de la 4T con el crimen organizado y la complacencia silenciosa del partido (Morena) han abierto la puerta a los estadounidenses para realizar el trabajo que el gobierno mexicano (actual y anterior) se ha negado ejecutar, concentrándose exclusivamente en saquear los bienes de los mexicanos a través de la extorsión de los grupos criminales, el huachicol fiscal y todo tipo de lucro, realizados al amparo del poder público.
Pero el robo más grande en la historia de México: no pagar impuestos a las gasolinas importadas, que se gestó desde las entrañas del propio gobierno federal para saquear al país y a los mexicanos (eso sí es traición a la patria), no le interesa al gobierno norteamericano.
A los gringos les importa más crear una imagen de preocupación por la salud de sus connacionales drogadictos, al tiempo que afianzan para sus intereses el control del negocio de las drogas, así como la dominación del gobierno y la explotación de los recursos naturales nuestros. Y los mandatarios mexicanos han dado pretextos de sobra para ser sometidos.
Mientras la presidenta Sheinbaum esgrimía argumentos inverosímiles para defender a los políticos podridos del país, exigiendo “pruebas” de sus alianzas criminales con organizaciones delictivas, Estados Unidos aportaba una lista de los diez primeros “presuntos” narco políticos de Morena, encabezada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el Senador Enrique Insunza Cázares (proyectado como sucesor del primero en el gobierno de Sinaloa).
Obviamente se necesita hombría para aceptar las faltas que se comenten y en los políticos mexicanos es la cobardía lo que prevalece en la mayoría. Así que Don Rubén ha negado las imputaciones, que son del dominio público en el Estado que le depositó la confianza y, asumiéndose víctima, un mártir más de la “transformación nacional”, intenta escudarse en el chantaje, afirmando que el intento por aplicarle la ley y hacer justicia, son ataques a la Cuarta Transformación.
Cuando son los gobiernos de la 4T los que, con su “tolerancia” y confabulación, han abierto la puerta a gobiernos extranjeros para que vengan a combatir a criminales, ante la “sospecha” (fundada y motivada) de que los gobiernos mexicanos y las agencias de seguridad del país se encuentran profundamente viciadas, infiltradas y al servicio de la delincuencia organizada. Mientras la defensa del régimen de la 4T, a la solicitud de detención con propósito de extradición presentada por a EEUU en contra de los políticos de su partido (Morena), ha resultado férrea.
CONSECUENCIAS ELECTORALES
Hasta hace unos días no existía duda de que Morena arrasaría en las elecciones intermedias del año entrante, al menos en Michoacán. A pesar de la creciente decepción -en ocasiones convertida en repudio- provocada por mandatarios y funcionarios del partido en el poder y representantes populares (senadores, diputados y regidores) inservibles.
Aun así, bajo esas circunstancias de descomposición política y asfixia ciudadana por la zozobra permanente ante la dominación y operación abierta del crimen organizado, en perjuicio de la paz pública, patrimonio e integridad ciudadana, la marca de Morena sigue siendo la opción de las mayorías, gracias a las prácticas heredadas (y negativamente superadas) del PRI -su partido de origen- el régimen de la 4T estaría en condiciones de conservar la gubernatura de Michoacán y la mayoría absoluta de cargos en disputa.
Aprovechando, para mantener el monopolio del poder, los recursos públicos, que son empleados para someter o eliminar a la competencia desde antes, así como los programas sociales que mantienen “maiceado”, deslumbrado y satisfecho al electorado, con su propio dinero. Lo que, mezclado con buenas estrategias y tácticas propagandísticas, eficiente operación política, campañas de funcionarios adelantadas, alianzas con poderes “fácticos”, cooptación de la competencia y aniquilamiento de la oposición, así como el impulso de candidaturas “independientes” desde el gobierno, dejan al elector sin alternativa, que no sea la de votar por los mismos.
Solo un fenómeno externo o acción extraordinaria podría cambiar el escenario antes descrito. Pero se percibe casi imposible, pues desde que Claudia Sheinbaum tomó posesión de la presidencia de la República se esperaba que rescatara a Michoacán, llevándose al gobernador Alfredo Ramírez a algún cargo en su gabinete, aprovechando la supuesta amistad que une a la mandataria nacional con el Senador Raúl Morón, a quien le facilitaría con dicha acción lograr su ambición más anhelada: tomar protesta como gobernador de Michoacán.
Pero Doña Claudia no sacó a Ramírez Bedolla de Michoacán, más bien lo ha fortalecido, convirtiéndolo en el principal y más poderos obstáculo de su amigo Raúl Morón para alcanzar la candidatura a la gubernatura, a pesar de los constantes señalamientos de vínculos de funcionarios de su gobierno con la delincuencia organizada y acusaciones directas del ex gobernador Silvano Aureoles, en el sentido de que el actual mandatario estatal fue impuesto por grupos del crimen organizado; recibiendo a cambio el ex gobernante perredista la animadversión de Andrés Manuel López Obrador, que le exigió pruebas de su dicho, y cuando las llevó, se negó a recibirlas. Emprendiendo desde entonces, en contra de Aureoles, una persecución policiaca que se ha intensificado a la fecha.
Lo que no pasaría, si el oriundo de Carácuaro hubiese asumido una actitud dócil, sumisa y complaciente. Seguramente sería Embajador, como la mayoría de ex gobernadores de partidos de “oposición”.
Mientras Ramírez Bedolla “no sufre, ni se acongoja”, sabiéndose protegido por la presidenta Sheinbaum, que ha visto en él a un aliado de su gobierno y magnifico operador de su partido, que golpea hasta a los de casa y somete a los opositores, logrando control electoral total en el estado (no liderazgo).
Sólo la intervención del gobierno de Estados Unidos podría modificar el destino político de Michoacán, como está sucediendo en Sinaloa y se ansía su traslado a otras entidades del país, y al mismo gobierno de la República, como sucedió con el “valentón” de Nicolás Maduro, que retaba al gobierno gringo a que fueran por él, y así sucedió, y nada pasó, Venezuela siguió con su vida cotidiana y hoy pocos son los que recuerdan ese nefasto episodio.
Lo que está sucediendo con el gobernador de Sinaloa y otros 9 funcionarios, entre ellos un Senador de la República, es un duro golpe para Morena, a un año de la jornada electoral. Tratándose de imputaciones y exhibición, por parte de Estados Unidos, de conductas criminales que todo mundo conoce (y que se han normalizado en el imaginario colectivo mexicano), pero que nuestros vecinos del norte deben poseer suficientes y comprometedoras evidencias y testimonios reveladores (algunos “datos” aportados por los capos extraditados a su país).
Aun así, el régimen de la 4T intenta seguir protegiendo a los políticos imputados, se niega aceptar la existencia de pruebas contundentes en contra de ellos, a pesar de las evidencias que son del dominio público, que siguen costando miles de vidas, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones de ciudadanos ajenos a los conflictos entre cárteles. Sin embargo, la protección del gobierno federal a los verdugos del pueblo, podría pesarle electoralmente a Morena.
Eso es lo que debió hacer la presidenta Sheinbaum para evitar el intervencionismo extranjero, cumplir su deber, investigar y encarcelar a los narco políticos del país, al momento de aplicar la ley y reestablecer el estado de derecho. Pues los criminales comunes llegan hasta donde la autoridad lo permite y en nuestro país los gobernantes resultaron demasiado permisivos, tanto, que hasta la “autoridad” han entregado a los grupos delictivos.
Así que, a pagar las consecuencias. Sin lloriqueos, ni chantajes, porque bien que disfrutaron de los bienes indebidos.