J. Salatiel Arroyo Zamora
Tal vez la torpeza del poder ejecutivo estatal sea la causa, la plaga que intoxicó a la corporación o probablemente la corrupción de los directivos de la Secretaría de Seguridad Pública haya infiltrado y contaminado a los altos funcionarios del gobierno del estado… tal vez la inmundicia se encuentre en ambas partes. Lo cierto, es que la SSP de Michoacán representa para los ciudadanos una enorme carga tributaria que no retribuye absolutamente en nada el enorme prepuesto que ejerce, dando la sensación social que, con policías o sin ellos, la inseguridad y violencia crece igual, que quiénes realmente mandan, controlan, deciden y resuelven al respecto, son otros poderes, que se supone por el Estado combatidos.
Tan inservible es la SSP, que nuestro estado se ubica entre las entidades más inseguras y violentas del país. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
Como la putrefacción gubernamental se ha normalizado, mientras que la inseguridad y violencia se han “institucionalizado”, son temas que poco o nada interesan, pues ya nos hemos acostumbrado a ello, y estamos en proceso de adaptación a ese estilo de vida. Sólo respingamos o nos rebelamos cuando de manera directa nuestros intereses financieros se ven afectados. Si los perjudicados son otros, la apatía se impone y que cada quien se rasque con sus uñas, pero cuando nuestro cuero es el rasgado, queremos que todos lleguen en nuestro auxilio.
Sabemos, y a muchos nos consta, que la política se ha convertido en un lucrativo negocio (donde la mentira es la herramienta más eficiente). Los gobernantes, funcionarios y allegados, para eso buscan los cargos, aun arriesgando la vida, para robar. Práctica que se ha generalizado y normalizado también.
Son del dominio público los acuerdos monetarios ente los mandos policiacos y los cabecillas delincuenciales, donde la carne de cañón son la tropa que, muchas veces ignorando dichos pactos, actúan en cumplimiento del deber y terminan asesinados. Mientras los jefes, sus cómplices y amantes disfrutan del dinero mal habido, obstruyendo toda investigación tendiente a esclarecer los hechos, aplicar la ley y hacer justicia a los compañeros caídos y sus familias.
Las alianzas y convenios entre criminales y la autoridad siempre han existido, no sorprenden. Lo perverso, es que los “representantes de la ley” pactan dinero para ellos y sus jefes, a cambio de impunidad y dejar hacer a las organizaciones criminales todo lo que se les antoje, les entregan el control total y absoluto, incluso usan a mandos inferiores y a la tropa como informantes, operadores de levantones y pistoleros para combatir a los contrarios. En ocasiones sólo lo simulan, pues en realidad acuerdan con todos los bandos. El objetivo es el dinero, no la seguridad de los contribuyentes.
Sí el propósito fuese la seguridad ciudadana, pactarían eso: que las organizaciones criminales se dediquen a los suyo, evitar conflictos y guerras entre ellos, controlando la autoridad los territorios asignados; pero, especialmente, respetar a la población ajena a sus actividades.
Pero no, a los grandes mandos policiacos y militares es el poder y el dinero lo que les interesa, no la paz, ni la tranquilidad de la población… más bien lucran con ella, ese es el negocio.
Luego esos mandos que se prostituyeron y fueron públicamente evidenciados, son ascendidos, “por saber trabajar”. Pues saber trabajar, para sus protectores y mandos superiores, es hacerles llegar costales de billetes.
No resulta difícil corroborar lo afirmado líneas antes, basta ver la cantidad de policías, pagados con nuestros impuestos, y los nulos resultados. Más bien la criminalidad crece y el respeto por la vida es nulo, incluso se asesina a niños, sin consecuencia legal alguna.
No existe prevención, contención, ni disuasión de la criminalidad. Al contrario, hay sectores de la sociedad que involucra a las organizaciones delincuenciales en la solución de controversias entre particulares, concediéndoles facultades de autoridad legalmente instituida, ante la superioridad pragmática que les atribuyen, por la subordinación, ineptitud y desconfianza en los funcionarios públicos.
Otro elemento que delata a los jefes policiacos, es la rapidez con la que “evolucionan socialmente”, pasando de clase media a personajes acaudalados, millonarios. Adquiriendo mansiones en zonas exclusivas y enviando a sus amantes a recorrer el mundo, además de transfórmalas físicamente, sometiéndolas a costosas cirugías “estéticas”.
Mientras la tropa, los que arriesgan la vida en cada operativo, que desconocen en ocasiones o son ajenos a los acuerdos (y sus beneficios) con la criminalidad, subsisten con bajos salarios, trabajan sin equipo, sin armamento, ni municiones suficientes y les regatean hasta las compensaciones, que son distribuidas entre personal cercano y de “confianza” de los grandes jefes, pues tienen que “mocharse” con la mitad del BanBajio, pues hay que embellecer a las “muñecas”, regalar automóviles de lujo y otros presentes costosos.
Lo anterior, aunado al trato en ocasiones despótico de sus jefes, indignó a los elementos de la Guardia Civil que todavía conservan decoro, quiénes se vieron obligados por la necesidad a manifestarse exigiendo respeto; pues, a algunos, incluso les habían descontado, de manera autoritaria, la compensación de BanBajio, raquítica que tienen, comparada con las otorgadas a la servidumbre personal del General Secretario, que oscila entre 30 mil y 45 mil pesos mensuales para escoltas y secretarias personales, y seguramente algunos integrantes de la “fuerza aérea” o aviadores, esos que no devengan lo que reciben.
El martes 11 de junio, decenas de elementos de la Guardia Civil que se encontraban “francos” o en su día de descanso, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en exigencia (inicialmente) de incrementos salariales, mejores condiciones de trabajo y reposición de los descuentos a la compensación de BanBajio. Era todo lo que incluía el pliego petitorio. Algunos, los más informados, solicitaban la destitución del General Secretario, pero lo hacía con timidez y sin que hubiese eco en sus compañeros.
Pasadas las horas y ante la falta de respuesta decidieron bloquear el Libramiento de Morelia, a la altura de la SSP. Minimizando la problemática, fueron atendidos por funcionarios de tercer nivel, que los convencieron (a los elementos manifestantes) de firmar un acuerdo y levantar el bloqueo. Sin embargo, el convenio no fue cumplido por parte de los funcionarios de la Secretaría, que los traían con engaños, por lo que volvieron a bloquear el periférico, pues las oficinas centrales continuaban ocupadas por los elementos de la Guardia Civil inconformes, que comenzaron a recibir apoyo de la sociedad civil, incluso jóvenes de secundaria y preparatoria les llevaron café, tortas y galletas: “Porque ustedes son los que nos cuidan”, les dijeron. También corporaciones policiacas de otras instituciones llevaron alimentos.
Las exigencias de los manifestantes y las acciones de movilización eran desorganizadas y sin contundencia, a pesar de la gravedad de los argumentos y las faltas cometidas en perjuicio de ellos y de la institución. Fue hasta que se solidarizó con la protesta la diputada Margarita López Pérez, activista defensora de los derechos humanos y fundadora de colectivos de madres buscadoras, el movimiento tomó mayor fuerza e hicieron que el General Secretario se sentara en la mesa de negociaciones.
Pero los trabajadores volvieron a ser engañados, en tanto el respaldo social ha venido creciendo a favor del movimiento, exigiendo ahora la destitución del Secretario de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes y de todos los mandos militares en la Secretaría.
Ante la presión social y la impericia para dar solución y destrabar el conflicto, el gobernador acudió a la mofa. Argumentando que se trata de sólo 40 elementos inconformes. Acusando a la diputada defensora de los derechos humanos y a los policías que exigen respeto a sus garantías individuales y derechos laborales de “obedecer a intereses externos, de personas ajenas que tienen las manos metidas en el conflicto. Sin presentar evidencias de su dicho.
Las declaraciones del mandatario lo describen tan cuál, un servidor público torpe, pero arrogante; incompetente, pero jactancioso; mentiroso, pero poderoso. Defensor innocuo de prácticas indefendibles, pero sumiso a la putrefacción que campea en la corporación. No obstante, el movimiento de los elementos de la Guardia Civil lograron su primera victoria en esta lucha: hace unas horas el gobernador anunció la designación de un civil como nuevo Secretario de Seguridad Pública, en sustitución del General José Alfredo Ortega Reyes.