Marco Aguilar
Este 19 de abril de 2025, he presentado formalmente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una nueva solicitud dirigida a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán para acceder al expediente técnico y al plan de manejo entregados a la UNESCO con el fin de postular a Pátzcuaro como Patrimonio Mundial.
Dicha solicitud retoma y fortalece un proceso anterior iniciado en enero, cuando pedí por primera vez esa información a través del sistema estatal de transparencia. En aquel momento, la Secretaría respondió clasificando el expediente como reservado por dos años, argumentando que su difusión podría comprometer el análisis técnico internacional de la UNESCO. Esta decisión fue sustentada en artículos de la Ley de Transparencia del Estado, pero adoleció de una justificación sólida y de una verdadera prueba de daño.
Ante la imposibilidad de presentar un recurso de revisión por vencimiento de plazo, opté por iniciar un nuevo procedimiento. Esta vez, acompañado de un anexo técnico y jurídico que demuestra que la reserva es improcedente y contraria al principio de máxima publicidad que rige la gestión pública en México. También fundamenta que existe un interés público superior para que dicha información esté disponible: se trata de una postulación construida con recursos públicos, que impacta el tejido urbano, cultural y simbólico de una comunidad viva, y que ha sido decidida sin consulta ni participación ciudadana.
Además, el propio sistema de Patrimonio Mundial de la UNESCO señala con claridad que las comunidades deben ser parte activa del proceso de nominación. Ocultar el expediente a la ciudadanía no sólo transgrede normas nacionales, sino que contradice los principios internacionales a los que el Estado mexicano se ha adherido.
Lo que está en juego
Esta solicitud no es aislada. Se inserta en un contexto crítico en el que el gobierno del estado de Michoacán ha hecho del proyecto del nuevo mercado municipal de Pátzcuaro una plataforma de visibilidad política, sacrificando en el proceso elementos históricos, arquitectónicos y paisajísticos que deberían ser salvaguardados. Como he señalado en artículos previos, esta intervención no sólo afecta la movilidad, la escala urbana y el tejido social, sino que se ha sostenido en un discurso que manipula símbolos patrimoniales —como el nombre de la UNESCO— sin el debido respaldo técnico y ético.
Hoy se busca legitimar esa misma visión a través de una postulación internacional acelerada, organizada de manera vertical por la Secretaría de Cultura estatal, y orientada políticamente hacia la figura del actual gobernador. En lugar de abrir el expediente a debate, se lo oculta bajo el argumento de que la UNESCO lo exige, cuando en realidad la Guía Operacional de la propia organización recomienda lo contrario: involucrar a las comunidades y compartir la información clave desde el principio.
¿Está preparada la candidatura?
Hay señales preocupantes. Diversas fuentes indican que ya existe una pre-evaluación técnica del expediente presentada por el Estado mexicano ante la UNESCO, y que los observadores han notado deficiencias en el enfoque integral de conservación, así como inconsistencias en el modelo de gestión propuesto. El hecho de que el expediente haya sido clasificado como reservado sugiere que, lejos de corregir el rumbo, se busca blindarlo ante la crítica.
Frente a ello, el camino ciudadano es claro: defender el derecho a saber, el derecho a participar y el derecho a proteger el patrimonio desde la raíz, no como consigna sino como responsabilidad compartida.
Espero que esta nueva solicitud motive al gobierno estatal a corregir su rumbo. La transparencia no es un trámite; es una condición esencial para la legitimidad de cualquier política cultural que aspire a ser reconocida internacionalmente.